La Expansion del Ser Parte III
Para desactivar las crecientes acusaciones de colonización ilegítima, silenciar las objeciones éticas y asegurar jurídicamente la apropiación del Nuevo Mundo, la Corona española desarrolló en 1513 un instrumento sin precedentes: el Requerimiento.
La Burocratización del Asalto
El Requerimiento de 1513 fue un documento jurídico de la Corona española que buscaba formalizar la pretensión de soberanía sobre los territorios recién alcanzados. Su aplicación práctica muestra cómo los procedimientos legales se utilizaron, en el contexto de la conquista, para legitimar la violencia. Una descripción documentada de este ritual revela la naturaleza casi surrealista y perversa de esta construcción jurídica.
Al llegar a un lugar que se pretendía conquistar, se leía en voz alta ante la población indígena reunida un texto en castellano, una lengua que no comprendían, mientras los soldados ya mantenían las armas preparadas. Dado que nadie en el lugar entendía el idioma, el documento no estaba concebido como un acto de comunicación, sino para dejar constancia de una supuesta desobediencia. El texto exigía la inmediata sumisión al Papa y a la Corona de Castilla. El silencio, la incomprensión o incluso la vacilación natural eran considerados oficialmente como resistencia.
Con frecuencia, el Requerimiento se leía entre redobles de tambor o toques de trompeta, desde la distancia segura de los barcos o desde lo alto de una colina y, según relatan los propios conquistadores, en ocasiones incluso en voz baja en el bosque o frente a chozas vacías.
El Requerimiento marcó el inicio de la burocratización del asalto como mecanismo de legitimación de la violencia. Lo relevante no era que la declaración hubiera sido escuchada ni comprendida, sino que un funcionario real o un notario certificara formalmente su lectura, mientras la matanza ya estaba en curso. La justicia fue sustituida por la certificación como mecanismo de blindaje administrativo frente a futuras acusaciones morales.
Así se construyó un pretexto mediante el cual la violencia quedaba formalmente legitimada. Este «acto jurídico» era oficial, estaba fijado por escrito y tenía validez legal. El hecho de que el procedimiento fuera completamente absurdo y careciera de toda lógica o justicia resultaba irrelevante. Lo que contaba era la forma, no la justicia.
La Inversión de la Responsabilidad
Lo más perverso del Requerimiento era su fórmula jurídica final. En esencia, establecía lo siguiente: «Si no os sometéis, declaro que todas las muertes y daños que de ello se deriven serán vuestra propia culpa y no de Su Majestad ni mía».
Con ello, la lógica colonial alcanzaba un desplazamiento radical de la responsabilidad. La resistencia ante una exigencia ininteligible era reinterpretada como delito, y el asalto quedaba convertido en una acción punitiva. Así se configuraba una ficción jurídica de auto-culpabilidad.
No importaba si la proclamación era comprendida o siquiera escuchada; lo único relevante era que un funcionario real o notario certificara su lectura. La justicia era sustituida por la certificación. El acto de violencia adquiría su marco legal mientras se desarrollaba. Aquí se hace especialmente visible la necesidad de mantener un orden formal incluso en el ejercicio del asesinato.
Lo más degradante de todo es la desposesión moral. No solo se despoja a los pueblos indígenas de sus tierras y de sus vidas, sino también del derecho a ser reconocidos como víctimas.
Las Nuevas Leyes
En 1542 se promulgaron las Leyes Nuevas. Fueron la respuesta de la Corona española a los informes sobre la violencia en el Nuevo Mundo. Perú era gobernado de facto por los Pizarro y otros conquistadores como si se tratara de un territorio privado. La Corona reconoció que allí se había formado una nueva estructura de poder, en gran medida fuera de control. Por ello, Carlos V creó el cargo de virrey para limitar esta evolución.
Blasco Núñez Vela fue nombrado porque era considerado un hombre de lealtad inquebrantable y un estricto ejecutor de la autoridad real. No era un diplomático, sino un hombre del orden. Las nuevas leyes debían poner el sistema de la encomienda bajo el control directo de la Corona.
El punto decisivo era la prohibición de la herencia. Para los conquistadores, la encomienda se había convertido en su patrimonio familiar, su “título de nobleza” en el Nuevo Mundo. Que Carlos V estableciera que la encomienda debía revertir a la Corona tras la muerte del titular fue percibido por los colonos como una declaración de guerra. Se sintieron despojados de los frutos de su (sangriento) trabajo.
Al declarar a los pueblos indígenas “vasallos libres de la Corona”, el emperador los sustraía del control directo de los colonos. Esta formulación puede parecer humanitaria, pero respondía a una lógica estrictamente fiscal: solo los vasallos libres podían pagar tributos (tributos) directamente al rey. Carlos V no quería el oro en los bolsillos de los encomenderos, sino en la tesorería real de Madrid.
Fueron precisamente estas leyes las que llevaron al emperador Carlos V a nombrar a Blasco Núñez Vela en 1544 y enviarlo a Lima; no como diplomático, sino como ejecutor intransigente de estos decretos.
El primer Virrey en Lima
Cuando el virrey llegó a Lima en 1544, comenzó de inmediato a aplicar las Leyes Nuevas. Liberó a los indígenas esclavizados en los puertos e ignoró las protestas de los colonos. Trató a los conquistadores como súbditos subordinados y criminales.
Illán Suárez de Carbajal, como factor real y tesorero, era uno de los principales representantes de la Corona en el territorio. La noche del 13 de septiembre, Núñez Vela lo hizo llamar a una reunión secreta en el palacio. Surgió una disputa sobre cuestiones de lealtad y de poder dentro de la élite colonial. Cuando Carbajal se defendió, el virrey perdió el control y lo mató con una daga. Posteriormente, el cuerpo fue arrojado por una ventana a la Plaza Mayor y expuesto públicamente. El hombre que había llegado para hacer cumplir el “derecho” de la Corona y la “moral” de las Leyes Nuevas se había convertido él mismo en asesino de un funcionario real.
Con este acto, se ganó el odio definitivo de la élite local y, en especial, del entorno del rebelde Gonzalo Pizarro. Los conquistadores no estaban dispuestos a entregar sus posesiones adquiridas a un rey lejano. De este modo, se socavó la propia autoridad de la ley. Los colonos pudieron entonces argumentar que no se rebelaban contra la Corona, sino contra un “tirano”.
Podían afirmar que no se oponían al rey, sino únicamente a un “tirano”. Historiadores como Prescott o Del Busto señalan que, durante su breve y turbulento mandato, Núñez Vela hizo ejecutar a decenas de españoles, siempre bajo la justificación de mantener la autoridad real.
La Venganza
Benito Suárez de Carbajal, hermano del hombre asesinado y él mismo un influyente conquistador, se unió lleno de ira a los rebeldes de Gonzalo Pizarro. No era un soldado menor, sino un líder que representaba los intereses de aquellos hombres que habían conquistado la tierra y no estaban dispuestos a entregar su botín por un papel procedente de Madrid. Utilizó su influencia para atraer a otros nobles indecisos al bando rebelde.
En la batalla de Añaquito (1546), fue Benito quien reconoció al virrey ya herido en el campo de batalla. Se ordenó a un esclavizado que lo decapitara. La cabeza del virrey fue llevada en una pica por Quito y expuesta en la plaza central. Benito Suárez de Carbajal fijó los bigotes y la barba del muerto en su sombrero como trofeo.
El Triunfo de la Plata sobre la Ética y la Moral
Las Leyes Nuevas fueron el resultado de un largo proceso de reflexión y disputa en torno a la responsabilidad moral y jurídica de la Corona española. Una influencia decisiva fue Bartolomé de las Casas, quien durante décadas denunció el maltrato a la población indígena y exigió reformas.
Sin embargo, en el Perú se consolidó una actitud que se volvió proverbial: «Obedezco, pero no cumplo». La autoridad de la Corona era reconocida formalmente, pero sus órdenes eran ignoradas en la práctica, mientras se mantenía la disposición a actuar incluso contra sus representantes.
Pero no fue únicamente la resistencia de los colonos lo que hizo fracasar las reformas. Con el descubrimiento del Cerro de Potosí en 1545, los intereses centrales de la Corona y de los colonos se desplazaron de tal manera que la aplicación de las Leyes Nuevas pronto se redujo a una mera formalidad. Potosí se convirtió en uno de los mayores centros de producción de plata de la temprana modernidad y en un motor de la riqueza imperial, redefiniendo la lógica económica de todo el sistema colonial.
Los relatos contemporáneos y posteriores describen la ciudad como un lugar de contrastes extremos, donde la riqueza descomunal y el sufrimiento masivo se tocaban de forma inmediata. Así surgió la imagen de que se podía construir un puente de plata desde el Perú hasta España —y, junto a él, otro puente hecho de los huesos de quienes perdieron la vida en las minas.
Nuevas Leyes, nuevas Reglas del Juego
De un solo golpe quedó en evidencia la dimensión económica que realmente tenían las colonias. La Corona comprendió que necesitaba a los encomenderos como agentes centrales de la explotación para poder extraer aquella riqueza. No era posible liberar a los indígenas y, al mismo tiempo, garantizar la explotación a gran escala de esos recursos.
Los intereses en juego eran ya demasiado grandes como para ponerlos en riesgo mediante decretos dirigidos contra los colonos. Las Leyes Nuevas permitieron a la Corona presentarse como protectora moral, mientras los barcos cargados de plata seguían llegando a Sevilla y la explotación continuaba sin interrupción.
Así se hace evidente de qué trataba realmente este conflicto: no de moral ni de derecho, sino de la cuestión de quién controla la riqueza y el poder. Las reformas de la Corona intentaron someter un sistema que ya había desarrollado sus propios intereses —y fue precisamente en eso donde fracasaron.
La Junta de Valladolid
A medida que se multiplicaban los informes sobre violencia extrema, esclavización y masacres en el Nuevo Mundo, el rey Carlos V ordenó en 1550 la suspensión de todas las expansiones militares en América hasta que una junta de catorce teólogos y juristas de prestigio resolviera una cuestión fundamental: ¿Es lícito hacer la guerra contra los pueblos indígenas para evangelizarlos?
No se trató de una verdadera ruptura con la expansión, sino de un momento de incertidumbre: se plantearon dudas morales sobre su legitimidad, y tanto la Iglesia como la Corona fueron confrontadas con la aparente contradicción ideológica entre el universalismo cristiano y la realidad colonial.
Sin embargo, los relatos históricos sugieren que no existía ni un verdadero dilema moral ni una contradicción real, sino más bien que uno era consecuencia del otro.
La Corona estaba cada vez más preocupada por la creciente autonomía de los conquistadores. Muchos actuaban por cuenta propia, y el control sobre ellos se estaba debilitando. Figuras como Francisco Pizarro habían establecido estructuras de poder prácticamente autónomas. En el Perú, incluso estallaron violentas luchas de poder entre los propios españoles tras la conquista. El debate reflejaba también un intento de reafirmar la autoridad real y de volver a someter el proyecto colonial a un control centralizado.
La “Alma” del Reino
Especialmente influyente fue Bartolomé de las Casas, quien denunció abiertamente las atrocidades. Sus escritos no solo cuestionaban la práctica colonial, sino también la legitimidad misma de la conquista. Defendía una evangelización cristiana sin violencia.
Desde 1514 había reconocido la injusticia de estas prácticas, renunciado a sus encomiendas y dedicado su vida a la defensa de los pueblos indígenas frente a la explotación colonial.
Francisco de Vitoria, por su parte, argumentó de forma sistemática que los pueblos indígenas eran propietarios legítimos de sus tierras. Si esto era así, muchas de las conquistas resultaban jurídicamente y moralmente cuestionables. Para Carlos V, esto se convirtió en un problema no solo político, sino también religioso, en tanto se entendía a sí mismo como un gobernante cristiano.
La Reputación del Imperio ante Europa
Los informes sobre las atrocidades no solo amenazaban esta autoimagen, sino también la legitimidad del imperio en Europa. España competía con Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Las potencias rivales utilizaron los escritos de Las Casas para presentar a España, en la llamada “Leyenda Negra”, como una potencia colonial especialmente cruel. La Corona se vio obligada a intervenir también en este debate para no perder su prestigio en el escenario europeo.
Lo que estaba en juego era la pretensión de liderazgo moral en el mundo cristiano. En el fondo, se trataba de una doble soberanía: la soberanía moral del emperador ante Dios y la soberanía jurídica de la Corona sobre sus propios conquistadores, que habían adquirido un poder excesivo. Valladolid debía demostrar que la expansión no era una empresa de saqueo sin ley, sino un proceso ordenado y controlado por el Estado.
Se buscaba una fórmula que asegurara la riqueza de América sin sacrificar el prestigio del rey ni la reputación de España en Europa. Sin embargo, la Junta no llegó a una decisión definitiva. La conquista continuó, mientras las preguntas fundamentales sobre su legitimidad y su fundamento moral permanecieron abiertas.
No se trató de un despertar moral, sino de un punto de tensión donde convergían poder, control, prestigio, conciencia y el temor al desorden.
Las bulas pontificias Inter caetera, promulgadas por el papa Alejandro VI el 4 de mayo de 1493 y utilizadas como base para legitimar la colonización de América, se sitúan más de medio siglo antes de la controversia de Valladolid (1550–1551).
Esta cronología posterior permite leer cómo estos decretos pontificios fueron utilizados de manera instrumental en términos políticos. El papa —miembro de la familia Borgia, de origen español— no actuó como una instancia neutral ni exclusivamente guiada por una inspiración divina, sino como una prolongación del propio entramado de intereses de la corte española en Roma.
La Perspectiva de los Sometidos
Felipe Guaman Poma de Ayala (ca. 1535 – después de 1616)
Mientras en Europa se debatían el derecho, la moral y la legitimidad de la conquista, surgía al mismo tiempo otra perspectiva: la voz de quienes estaban sometidos a ese orden.
La obra Nueva corónica y buen gobierno de Felipe Guaman Poma de Ayala comprende alrededor de 1.200 páginas e incluye 398 dibujos realizados por el propio autor. Es el único manuscrito conocido de la época colonial escrito e ilustrado íntegramente por un autor indígena.
Guaman Poma dirigió su obra al rey Felipe III de España como una denuncia directa. Su propósito era demostrar que no era la Corona en sí, sino los funcionarios coloniales en el territorio, quienes quebrantaban el orden divino y real al explotar y matar a la población indígena.
Una parte importante del manuscrito está dedicada al período incaico. Guaman Poma no lo presenta como un pasado «pagano», sino como una sociedad justa y bien organizada que, a su juicio, también estaba en armonía con el orden divino. Con ello, reforzaba al mismo tiempo la legitimidad de la nobleza indígena, de la que él mismo formaba parte.
El manuscrito permaneció perdido durante siglos en los archivos españoles. No fue redescubierto hasta 1908 por el erudito alemán Richard Pietschmann en la Biblioteca Real de Copenhague. Una edición crítica no apareció hasta 1936, más de 320 años después de su redacción.
Inca Garcilaso de la Vega (1539–1616)
Comentarios Reales: El mestizo como puente entre dos mundos
Fue hijo de un conquistador español y de una princesa de la nobleza inca. Creció en Cusco hablando español y quechua, y en 1560 se trasladó a España, donde vivió como un mestizo culto integrado en la sociedad española.
En su obra presenta al Estado inca como una monarquía idealizada, pacífica y civilizada: un contrapunto utópico destinado a cuestionar las atrocidades de la conquista sin atacar directamente a la Corona española. A diferencia de Guaman Poma, que escribía como un súbdito para denunciar las injusticias, Garcilaso lo hacía desde la posición de un mediador cultural, situado entre dos mundos y empeñado en comprender ambos.
La primera parte de sus Comentarios Reales, publicada en 1609, fue impresa y leída en Europa durante su propia vida. Sin embargo, durante mucho tiempo fue considerada una visión excesivamente idealizada. Solo la etnohistoria moderna reconoció su valor como una fuente excepcional que reúne las tradiciones indígenas con la erudición europea.
Las obras de Guaman Poma y Garcilaso muestran que la voz indígena nunca fue silenciada. Simplemente encontró otras formas de expresarse: como denuncia, como memoria y como puente entre culturas. Ambas se dirigían a la misma Europa que debatía en Valladolid sobre el alma de los pueblos indígenas sin permitirles jamás hablar por sí mismos.
Sombras Portuguesas sobre el Amazonas
En la Amazonía, este patrón se repitió bajo la bandera portuguesa. Colonos y misioneros aprovecharon la complejidad de las rivalidades indígenas, y la Corona en Lisboa aprendió rápidamente a instrumentalizar estas dinámicas en su propio beneficio.
Mientras el padre Antônio Vieira criticaba en 1653 la esclavización implacable de los pueblos indígenas y defendía su libertad, el sistema colonial seguía estando regulado por la Corona y sería posteriormente reorganizado por el marqués de Pombal en función de criterios económicos.
Lo que bajo dominio español se presentaba como una disputa moral, bajo el dominio portugués se convirtió con mayor claridad en una administración pragmática de la explotación: la naturaleza y sus habitantes pasaron a ser considerados principalmente como recursos.
El Desenmascaramiento de una Forma de Pensamiento
Sería insuficiente leer esta historia como una simple sucesión de crímenes cometidos por actores individuales. No se trata de atribuir culpas morales al pasado, ya que ello no revertiría lo ocurrido, sino de desenmascarar una forma de pensamiento que sigue operando como fundamento de muchas estructuras globales contemporáneas.
La Arquitectura de la «Exclusión Inclusiva»
Con la Inter caetera se desarrolló un mecanismo jurídico y filosófico cuyos efectos perduran hasta nuestros días: la invención del concepto de una «humanidad incapaz de gobernarse a sí misma». Se reconocía al «otro» como ser humano, pero al mismo tiempo se le negaba la capacidad de autodeterminación. Esto permitió presentar la explotación como un acto de «protección» y justificar el despojo como una forma de «desarrollo».
Este paternalismo continúa siendo la columna vertebral invisible de muchas instituciones globales. Desde una perspectiva occidental seguimos definiendo qué significan el «progreso», la «razón» y el «desarrollo», mientras que todo aquello que no encaja en esos parámetros suele considerarse atrasado o necesitado de ser corregido. La Junta de Valladolid no fue un episodio aislado de la historia, sino el nacimiento de una forma de pensamiento cuya influencia se extiende hasta el presente.
